El 12 de diciembre de 2025, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2025/2456, que modifica la Directiva 2011/65/UE (comúnmente conocida como la Directiva RoHS, o la Directiva sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos). La enmienda reasigna algunas tareas científicas y técnicas a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).
Principales Enmiendas
1. Cambios en las Restricciones de Sustancias bajo el Anexo II
- La ECHA recibe formalmente responsabilidades relacionadas con la preparación de expedientes para las restricciones de sustancias. Las propuestas de restricción pueden ser preparadas por los Estados Miembros o por la ECHA a solicitud de la Comisión Europea.
- La lista de sustancias restringidas en el Anexo II será revisada regularmente, al menos una vez cada cuatro años.
Fecha de entrada en vigor: 13 de agosto de 2027
2. Cambios en los Procedimientos de Exención RoHS bajo el Anexo V
- Presentación de solicitudes de exención: Cambiada de la Comisión Europea a la ECHA.
- Se introduce una nueva verificación de completitud de 45 días. En caso de presentaciones incompletas, la ECHA puede conceder 60 días adicionales para la suplementación (con una posible extensión de 5 días laborables para la toma de decisiones).
- Una vez confirmado un expediente completo, la ECHA debe obtener opiniones preliminares del RAC/SEAC dentro de 9 meses y opiniones finales dentro de 12 meses, que luego se remiten a la Comisión Europea. La Comisión Europea debe tomar una decisión sobre la exención dentro de los 9 meses siguientes a la recepción.
- Las solicitudes de renovación de exenciones deben presentarse al menos 18 meses antes de su vencimiento. Mientras se espera una decisión de la Comisión Europea, la exención original sigue siendo válida.
Fecha de entrada en vigor: 27 de agosto de 2027
Esta revisión tiene como objetivo implementar el principio "una sustancia, una evaluación", armonizar los estándares de evaluación de riesgos químicos, mejorar la calidad, transparencia y eficiencia de las evaluaciones, reducir las cargas administrativas y aumentar la coherencia y sinergia entre las normativas de la UE.
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